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Memoria - justicia y reparación: AHORA

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El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, califica de justas y merecedoras de solidaridad las demandas de las víctimas de la violencia iniciada por el terrorismo. Considera urgente que el Estado implemente un plan de educación en derechos humanos a nivel nacional; que se haga justicia y otorgue reparación a las víctimas.

Las justas demandas que las víctimas de la violencia iniciada por el terrorismo han expresado de manera reiterada durante todos estos años merecen la solidaridad de todos los peruanos. Lo que estas demandas expresan es una voluntad inquebrantable por construir una nueva relación con el Estado, en la que sean considerados como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

No cabe duda de que se han dado esfuerzos importantes por atender dichas demandas, por ejemplo, en materia de reparaciones colectivas a las comunidades que sufrieron mayor afectación y destrucción. Sin embargo, lo avanzado hasta hoy todavía es insuficiente: hay personas que han fallecido sin haber recibido una atención médica adecuada, una reparación integral y sin encontrar justicia. En otros casos, incluso, sin haber ubicado el paradero de sus seres queridos: sus hijos, padres o hermanos, que un día fueron arrebatados de sus hogares sin saber cuál fue su destino.

Ese es el drama de miles de familias, que merecen una respuesta del Estado. Pero, pese a las cifras oficiales del Ministerio Público que estiman en más de 15.000 el número de peruanos desaparecidos en el periodo 1980-2000, no contamos aún con un Plan Nacional Antropológico Forense que contribuya con su ubicación. Tampoco se cuenta con un mecanismo de defensa legal gratuito a favor de las víctimas y sus familiares para lograr esa justicia que anhelan y que vienen esperando durante años.

Junto con estas constataciones, hemos observado con suma preocupación que muchos jóvenes –en claro desconocimiento de la tragedia, el dolor y la muerte que sembró el terrorismo en nuestro país entre 1980 y el 2000– hoy hacen vivas por la ideología extremista de Sendero Luminoso, solicitando la amnistía para su máximo líder, Abimael Guzmán.
Ese desconocimiento o indiferencia hace aún más urgente generar contextos en los que la memoria colectiva se convierta en un proceso dinámico y útil para enfrentar al terrorismo y fortalecer nuestra democracia. Ello exige que el Estado implemente cuanto antes un plan de educación en derechos humanos a nivel nacional, como parte de una política pública en la que todo el aparato estatal está en la obligación jurídica y moral de contribuir. Esta es una tarea impostergable.

La construcción de una nación respetuosa de los derechos humanos y contraria al terrorismo debe contar con espacios de recordación, dignificación y homenaje a todas las víctimas: civiles, militares y policiales. Reflexionar sobre lo ocurrido en el pasado, hoy más que nunca, es un imperativo para que hechos tan graves –que violentaron los cimientos más elementales de nuestra sociedad– no se repitan jamás. Debemos evitar que la ideología del terror nuevamente se apodere de las aulas y de nuestra sociedad.

Junto con ello, también debemos asegurar que se atiendan las demandas de reparación individual de los miles de peruanos y peruanas víctimas de la violencia, en su mayoría de las zonas más alejadas y pobres de nuestro país. Ellos merecen ser escuchados y reparados de manera digna. No podemos seguir indiferentes, estigmatizándolos y excluyéndolos. Solo así podremos garantizar un futuro mejor para ellos y sus familias.

Tampoco podemos admitir la impunidad de graves crímenes que –por su aberrante naturaleza– ofenden a la humanidad en su conjunto. La construcción de nuestra memoria histórica servirá para que las nuevas generaciones reflexionen sobre lo ocurrido, los errores del pasado y consoliden su futuro, apostando por la justicia, la verdad y la reconciliación, como valores fundamentales que sustentan la vida en democracia. El terror no puede ganarles a la vida y a la libertad. Nuestros hijos merecen un país con esperanza. Nuestros hijos merecen vivir en paz.

No puedo terminar estas reflexiones sin referirme a Pilar Coll Torrente, un baluarte en la defensa de los derechos humanos en el Perú, pero sobre todo un ejemplo de coraje, de inquebrantable fe en los demás y de una infinita solidaridad y bondad, que encontró en la Declaración Universal de los Derechos Humanos su instrumento de lucha y el reducto doctrinario de sus defensas.

Su demanda permanente por los menos favorecidos y, en especial, por las personas privadas de libertad fue parte de su vida hasta sus últimos días. ¿Y por qué el trabajo en las cárceles? Porque Pilar siempre decía que los internos “no son números sino rostros y personas” y, ciertamente, más allá de los crímenes que hubieran cometido, en todo humano hay lugar para la esperanza y en todo auténtico defensor de derechos la oportunidad de tenderles una mano.

Gracias por tu fortaleza y valentía. Cumpliste tu misión con creces. Descansa en paz, querida Pilar.

(*) Defensor del Pueblo en funciones.

Fuente: Diario La República